EL PAÍS  -  EDITORIAL - 29-08-2006

Todos los ingredientes del horror se han juntado en el terrible parricidio del sábado en Osuna: un hombre que asesina a tiros a su mujer y a su hija embarazada telefonea a otros hijos para decirles "ahí tenéis vuestra herencia" e intenta luego, sin éxito, suicidarse. Todo ello envuelto en el horror de 30 años de malos tratos a la familia, y de miedo a que la tragedia llegara algún día. Temor cumplido: apenas dos semanas después de ser denunciado por primera vez, Francisco Lucena mató a su mujer y a su hija en la vivienda de ésta. Allí se había refugiado la mujer tras rechazar uno de los hogares de acogida previstos en la ley.

El caso es también una muestra de las dificultades que en la práctica presenta la protección de las mujeres amenazadas, por muchas que sean las previsiones de la ley que aspira a ello. El juzgado había dictado la correspondiente orden de alejamiento, que el asesino incumplió, y la Guardia Civil había requisado sus escopetas de caza. Pero se agenció otra -con los cañones recortados- para cumplir la amenaza que profirió una semana antes, cuando su mujer inició los trámites de separación. Con estas dos mujeres son ya más de 50 las asesinadas en lo que va de año. En 2005 eran, a estas alturas del año, 37, y en 2004, 43.

Se comprueba una vez más que la eficacia de la ley depende menos de su precisión que de los medios disponibles para su aplicación. La aprobada a fines de 2004 se denominó integral porque combina aspectos preventivos, asistenciales y sanitarios con los estrictamente penales: agravación de penas, consideración como delitos de comportamientos que antes se consideraban faltas, etcétera. En delitos de este tipo, con un fuerte contenido pasional -el 20% de los asesinos se suicida tras el crimen-, el componente disuasorio de la ley no siempre es efectivo; pero seguramente sí lo es en las fases iniciales, y de ahí que los expertos recomienden presentar denuncia ante las amenazas y coacciones que casi siempre preceden a las agresiones.

Una gran dificultad es garantizar los medios de protección necesarios cuando el juez dicta una orden de alejamiento: no es lo mismo su efecto cuando el maltratador se va a un hotel que cuando se va a dormir al coche. Pero un tratamiento singularizado de las medidas de protección exigiría más medios. Los juzgados especializados en violencia de género están sobrecargados de trabajo, según declararon algunos de sus titulares al cumplirse, a comienzos de verano, su primer año de funcionamiento. El balance en número de mujeres asesinadas es desolador, pero no puede ser el único baremo para juzgar la eficacia de la ley: cuentan también las muertes evitadas (cuyo número es imposible de saber) gracias a las denuncias (unas 120.000 al año) y las situaciones de maltrato a las que se ha puesto fin.